Bogotá. Resumen de agencias
Las madres comunitarias y el Gobierno Nacional firmaron un importante acuerdo que pone fin a la contundente protesta desde hace más de 10 días frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la capital colombiana.
El acuerdo firmado entre con participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio del Trabajo, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y las organizaciones sindicales de las madres comunitarias destaca que en materia laboral el ICBF garantizará en los contratos de aportes con las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) la obligación de contratar a las madres comunitarias actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 2016. Así mismo se celebrarán contratos de aporte con las EAS con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el mes de julio de 2018.
Es de señalar que para ser contratadas las madres comunitarias deben cumplir las obligaciones contractuales y las establecidas en el lineamiento técnico del programa. Así mismo, la vinculación laboral de las madres comunitarias se da directamente con las EAS no con el ICBF.
En el pacto se establece la instalación de mesas de técnicas para la revisión caso a caso del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de enero del año 2016. Habrá una Mesa Interinstitucional de Seguimiento, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, ICBF y un delegado del sindicato Sintracihobi, realizará seguimiento a los casos de las madres comunitarias especialmente vulnerables por sus condiciones de salud y que les impida la continuidad en el empleo, con el fin de establecer las acciones correspondientes.
De otra parte, la Comisión Accidental del Senado de la República presentará un proyecto de Ley, con el aval del Gobierno Nacional, para garantizar la Seguridad Social en materia pensional de las madres comunitarias, con especial énfasis en aquellas que hayan superado la edad de pensión, al igual que quienes tengan problemas de salud. Las madres comunitarias mantendrán los derechos laborales y sindicales.
En materia nutricional los acuerdos contemplan el establecimiento de mesas de trabajo por centro zonal, integradas por madres comunitarias y equipos nutricionistas del ICBF, para concertar la derivación de menús de manera diferencial, respetando la minuta patrón. Dichas mesas, revisarán también los procedimientos para la entrega de alimentos por parte de la Empresas Administradoras de Servicios (EAS) a las Unidades de Servicio, buscando garantizar cantidad y calidad apropiadas.
En este mismo sentido, el ICBF adelantará acciones para mejorar la calidad de los alimentos suministrados mediante mecanismos como verificación de registro de proveedores de alimentos y cumplimiento de las condiciones de calidad, sanitarias y en las cantidades establecidas en la minuta.
El ICBF garantizará que el aporte calórico que se entrega a los niños sea realmente el equivalente al 70% de los requerimientos por grupos de edad, implementando estrategias de supervisión y seguimiento. En casos en los que se identifiquen alertas de malnutrición, el ICBF activará las rutas de atención y garantizará la implementación del plan de intervención.
De otra parte, el ICBF presentará un estimado del presupuesto requerido para unificar el aporte nutricional del Programa FAMI hasta el 70 por ciento, presupuesto que será insumo para la gestión de los recursos.
Igualmente, adelantará un estudio de costos para establecer el valor real de las raciones, de tal forma que el valor adicional de la canasta que resulta del mismo será financiado por el ICBF previa solicitud de recursos al DNP y al Ministerio de Hacienda.
Voceras del sindicato agradecieron el apoyo, acompañamiento y solidaridad sindical y popular en esta lucha para lograr el acuerdo laboral permite la reanudación de la atención de todos los niños beneficiarios de los Hogares Comunitarios a partir del lunes. El pacto beneficiará a más de 58.000 madres comunitarias que atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años de población vulnerable en todo el país.
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