Camioneros de la zona costanera de Córdoba protestan en Lorica por mal estado de carreteras.

Por: Hernán Durango.

El pésimo estado de las vías terciarias le acabó la paciencia a los camioneros de la zona costanera del departamento de Córdoba y  de la margen izquierda Río Sinú, quienes han convocado para el día miércoles 30 agosto a la realización de una jornada de protestas a partir de las 8 de la mañana.

Según los voceros del Comité de Integración Regional de los camioneros que transportan los productos de la región como la yuca, plátano, y ñame hacia los principales centros urbanos del país, unos se concentrarán y marcharán desde la ruta de las flores y otros grupos ya están en el casco urbano de Lorica.

Los manifestantes cuentan con el apoyo de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en el justo reclamo del mejoramiento de las vías terciarias destruidas por el fuerte invierno en estos municipios y por el descuido y falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes.

Desastre vial en Córdoba.

Falleció en Medellín, Nelson Campo, dirigente revolucionario de Urabá, Exalcalde UP de Apartadó

Por: Hernan Durango

Bogotá.

En las horas de la noche del viernes 25 de agosto falleció en la ciudad de Medellín, Antioquia, Nelson Campo Núñez, Exalcalde del municipio de Apartadó, por la Unión Patriótica UP y dirigente del Partido Comunista Colombiano PCC, proveniente de las filas de los obreros bananeros, cuyo mayor mérito es el de haber sido fundador del sindicato Sintrabanano, que luego se fusionó con Sintagro para dar creación a Sintrainagro.

Nelson Campo se encontraba en cuidados intensivos en una clínica de la ciudad, venía sufriendo quebrantos en su estado de salud.

El camarada Nelson Campo fue forjador de las fuerzas políticas de izquierda y el movimiento sindical y social en la región de Urabá. Siendo responsable político del comité regional de Partido Comunista Colombiano PCC mediante la implementación de la política de alianzas y coaliciones con otras fuerzas democráticas y populares se logró que la UP dirigiera doce alcaldías y avanzara en la presencia en estos territorios. Igualmente se logró escaños en la Asamblea Departamental y la Cámara de Representantes por Antioquia, espacios en los cuales en camarada Campo Núñez hizo su ejercicio parlamentario con mucha altura y dignidad siempre en defensa de los intereses de la región y de la clase trabajadora. 

Nelson Campo. (Q.E.P.D.)

Por su firme posición al lado de los trabajadores, firme en la defensa de lucha por una solución política al conflicto y defensa de la organización y  los intereses de los obreros de la agroindustria en Urabá Nelson Campo Núñez, junto a Israel Quintero, Bernardo Jaramillo Ossa, Ramón Castillo, José Antonio López Bula y otros dirigentes revolucionarios, fue víctima de atentados, injusto encarcelamientos y persecución, fue privado injustamente de su libertad bajo un montaje judicial por el caso de la masacre de La Chinita, en Apartadó, proceso del cual fue absuelto y exonerado por las instancias judiciales del país. El terrorismo del Estado colombiano se ensañó en Urabá contra Nelson Campo y miles de trabajadores seguidores de la UP- PCC y de otras fuerzas  a quienes se asesinó o sometió al desplazamiento forzado y al despojo violento de sus tierras.

Por esta política de terror y muerte tendrán que responder las autoridades colombianas y quienes fueron sus cómplices, la demanda cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la dirección nacional del PCC y UP se hace llegar a su esposa Maurén, hermanos e hijos un abrazo de solidaridad, fuerza y acompañamiento en este momento de dolor por la partida del camarada  Nelson y  se hacen  honores a su ejemplo de luchador revolucionario por la paz y por una patria mejor.

Se informa que la velación será hoy en Medellín en Campos de Paz a las 5:00 pm.

Video entrevista con Nelson Campo en 2013:  https://www.youtube.com/watch?v=UhI8IlPBSKE

Nelson Campo, Hernan Durango y Gladys Moreno. 

Prensa nacional e internacional cubrirá el Congreso de las FARC-EP.

Bogotá. Por: H. Durango.

Más de 400 periodistas  han sido acreditados para realizar el cubrimiento del congreso nacional de las Farc-ep, máximo evento en el que se fundará el partido abierto y sin armas dentro del marco de lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Así se informa desde la oficina de ´prensa de las FARC a pocas horas de la iniciación del congreso del nuevo partido que culminará el viernes 1 de septiembre con un gran acto político- cultural a partir de la 1:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar de la capital del país, donde actuarán agrupaciones musicales reconocidas como Los Hermanos Zuleta (vallenato), Jhonny Rivera (interprete de la música popular), Ky Mani Marley (Actor y músico de Reggae de Jamaica), Orquesta Aragón de Cuba, Totó La Momposina, Los rebeldes de sur, Julíán Conrado, entre otros artistas.

 Según el informe de la oficina de prensa de las Farc-ep  más de 150 medios de comunicación se inscribieron para asistir al Congreso Nacional de las FARC-EP que se realizará desde el domingo 27 de agosto hasta el jueves 31 de agosto en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en la Calle 26 #13 A-10 en Bogotá; y el viernes 01 de septiembre en la Plaza de Bolívar.

El día sábado 26 de agosto se entregarán las acreditaciones a periodistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos que realizaron la inscripción. Les darán a conocer en el día de la entrega de acreditaciones, la agenda y las instrucciones generales para prensa en la ceremonia de instalación.

Al Congreso Nacional de las FARC-EP han sido invitados fuerzas, movimientos y partidos revolucionarios, democráticos y ´progresistas del mundo entero y del territorio nacional. El informe central estará a cargo de Timoleón Jiménez –Timochenko-, máximo dirigente de la organización insurgente que hace pocos días hizo dejación de la totalidad de las armas. 

Colombia: Estados Unidos, la OEA, la Declaración de Lima y Venezuela. (Autor: Tony López)

Colombia: Estados Unidos,  la OEA, la Declaración  de Lima y Venezuela.

Por: Tony López R.

Los gobiernos estadounidenses siempre han considerado que América Latina es su patio trasero y que está sometida a sus designios e  intereses, no es menos cierto, que muchos de los gobernantes latinoamericanos que han sido elegido por su pueblo, salvo honrosas excepciones,  se han puesto al servicio  y obedecido a las políticas de Washington  como lo hacen hoy, ante el pedido de aislar, sancionar e incluso no descartar la idea del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en Venezuela.

Luego de fracasadas numerosas maniobras políticas y diplomáticas con el propósito de derrocar el gobierno de Venezuela y su Revolución Bolivariana, llevadas a cabo por  el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, apeló a utilizar una vía  alternativa y comisionó al gobierno de Perú y a su presidente Pedro Pablo Kuczynski, para que convoque a una reunión de cancilleres latinoamericanos y caribeños.

El pasado 9 de agosto tuvo lugar la reunión convocada por el presidente de Perú,  Kuczynsky a la que solo asistieron 17 países de los 35 que conforman nuestra región.  

De estas 17  naciones,  solo 12 firmaron la llamada “Declaración de Lima” presentada por el canciller peruano Ricardo Luna  y son: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.   

No firmaron dicha declaración los representantes de Jamaica, Guyana, Granada, Santa Lucia y Uruguay.

La llamada “Declaración de Lima”  expresa que Venezuela “Ya no es una democracia” y “son ilegitimo los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente”. Condena además “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente". "Enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza".  Así mismo celebró la acusación de parlamentarios colombianos y chilenos ante la Corte Penal  Internacional contra el presidente Nicolás Maduro,  mientras que declararon su apoyo a las acciones de la hoy ex -fiscal  Luisa Ortega Díaz.

La intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela está en marcha y decidida, pero faltan algunos pasos previos para legitimarla y a eso se ha prestado  el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynsky, al convocar a la reunión de cancilleres en Lima, Perú.

El gobierno peruano violando todo lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, que plantea y exige el pleno  respeto a  la soberanía e integridad de las naciones, se ha prestado al trabajo sucio y como simple empleado de Washington, se ha coaligado con las oligarquías y sectores de la derecha latinoamericana con el objetivo de provocar el aislamiento político, diplomático y económico, contra Venezuela,  paso previo y necesario para afianzar el argumento del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en la tierra del Libertador Simón Bolívar.

Las acusaciones contra Venezuela carecen de todo fundamento y están montadas sobre grandes mentiras divulgadas por la campaña mediática, que desde Estados Unidos y otros países latinoamericanos, se han unido  para ocultar la realidad venezolana y crear un estado de opinión desfavorable hacia la Revolución Bolivariana y justificar todas las acciones contra ella, incluyendo una intervención militar.

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, sí establece que el Presidente de la Republica puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin la necesidad de realizar un plebiscito. La asistencia de más de 8 millones 100 mil votantes que asistieron a las urnas y eligieron a los constituyentes, fue un acto democrático y legitimo del pueblo venezolano. El reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y del Centro Nacional Electoral, lo constituye el hecho de que para las elecciones regionales, se han inscrito numerosos candidatos que militan en la opositora Mesa de Unidad Democrática,(MUD)  lo cual desmiente totalmente lo que recoge la “Declaración de Lima” y estos mismos opositores venezolanos ponen en ridículo a ese grupo de cancilleres y revela el verdadero objetivo intervencionista de sus acciones.

De los países firmantes de la “Declaración de Lima” que vociferan sobre la violación de los derechos humanos, de salvar la democracia, de acusar y sancionar a dirigentes venezolano,  como el caso del presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional, permítanme recordarle algunos sucesos aún por esclarecer:  Ningún parlamentario colombiano ha acudido a la Corte Penal Internacional, para que se investigue a los culpables de la masacre del Palacio de Justicia en 1985; tampoco de los más de 5 mil asesinatos cometidos por la Fuerza Pública y sicarios contra líderes políticos de izquierda y dirigentes populares y comunales de la Unión Patriótica.

Más reciente aún, la masacre de Angostura, Ecuador  cometida el 1 de marzo del 2008 por un bombardeo aéreo ordenado por el presidente colombiano Álvaro Uribe Velez, en territorio ecuatoriano  contra un campamento de las insurgentes FARC-EP, asentado en ese país,  donde murieron no solo guerrilleros, también dirigentes estudiantiles mejicanos y civiles  ecuatorianos. La artera muerte del Comandante en Jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, quien fue capturado vivo, y ordenado su asesinato,  según denunció monseñor Monsalve,  obispo de Cali, en su momento. Ese es un crimen de guerra  que debe ser investigado y sancionado.

Qué derecho le asiste a los legisladores chilenos de acusar a otros, cuando no son capaces de exigir justicia por los crímenes de Pinochet y cuyo país es aún gobernado por una constitución pinochetista. Y con que moral se va a hablar de democracia, violación de los derechos humanos, persecución política en países, como Honduras cuyos gobiernos han sido elegido al calor o bajo la protección  de un golpe de Estado y tiene pendiente el asesinato de Bertha Cáceres,  o el caso de Méjico, donde estudiantes como los 43 de Ayozinapa, aún siguen desaparecidos, periodistas asesinados y  32 mil desaparecidos, según las organizaciones de Derechos Humanos de Méjico.

Democracia en Brasil, cuando Temer y su gobierno es producto de un Golpe de Estado parlamentario y  no tiene más del 6 por ciento de aprobación a su gobierno. En la Argentina  de Macri que debe responder por la desaparición  del joven activista defensor de derechos humanos Santiago Maldonado.

Y el presidente peruano, convertido en el Caín de América, debe solucionar el tema de los maestros en huelgas desde hace varios meses y dejar de usar la represión policial contra mujeres y hombres que solo piden un salario justo, lo que  él dice condenar en Venezuela lo practica en su país.

La reunión de este grupo de países latinoamericanos y caribeños en Lima, Perú, es la prueba más fehaciente de la crisis política, ética y de valores que aqueja a nuestra región, también  la inutilidad de la OEA, la división y la pérdida de influencia y poder del gobierno de los Estados Unidos en nuestro Continente.

(+)  Periodista, politólogo y Analista Internacional.

26 de agosto: Asamblea de organizaciones sociales, populares, sindicales y políticas en Bogotá.

Bogotá. Por: H. Durango.

El comité organizador considera muy importante la asistencia de 1 ó 2 delegados por cada  organización social o política el próximo sábado 26 de agosto a partir de la 8:00 am en la sede de la Cooperativa de magisterio Codema (calle 39b No 19-15), Bogotá, ya que en esta Asamblea Distrital de organizaciones sociales, populares, sindicales y políticas se tratarán y analizarán  el informe de los Pliegos Nacional y Distrital presentados a las autoridades; la revocatoria del mandato al alcalde Enrique Peñalosa y el plan de acciones del movimiento popular capitalino en la presente etapa. 

Favor extender esta invitación.

Aportes del Partido Comunista a la CSIVI sobre proyecto de ley de participación ciudadana (Documento)

Bogotá, agosto 22 de 2017.

Señores.

Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz

CSIVI.

Atención

Gobierno Nacional de Colombia

FARC-EP

Organizaciones y movimientos sociales

Sindicatos y centrales de trabajadores

Ciudadanía en general.

Cordial saludo.

Hemos leído y estudiado el texto del PROYECTO DE LEY “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS DE GARANTÍAS Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN” presentado por el Gobierno Nacional ante la CSIVI para su estudio constitucional y revisión de coherencia con el texto de acuerdo final pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

 Rechazamos y exigimos el retiro de dicho proyecto de ley porque no respeta y es contradictorio con el espíritu del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de un Paz Estable y Duradera del 24 de Noviembre de 2016 y al mismo tiempo va en contravía de nuestra Carta Política y del desarrollo jurisprudencial en materia de participación ciudadana.

Vemos con suma preocupación como el Gobierno Nacional ha entregado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI) un borrador de Proyecto de Ley Estatutaria que retrocede y limita aún más las normas de garantías y promoción de la participación ciudadana. Dicho proyecto constituye un verdadero golpe a la participación ciudadana tal como ella hoy está protegida por la CPN de 1991, la ley 134 de 1994 y la Ley Estatutaria 1757 del 2015.

En unos de los aspectos en que más regresión muestra la propuesta del gobierno, es en el de las consultas populares y a las revocatorias de mandatos a gobiernos. El proyecto de ley del gobierno en su capítulo 2, artículos 32 al 36, establece como requisitos para aprobar las consultas populares y las revocatorias los siguientes:

1. Realizar, previo a la aprobación de las revocatorias y consultas populares, cabildos abiertos especiales sin ninguna garantía efectiva para la participación ciudadana en los mismos.

2. Restringir la revocatoria a la insatisfacción ciudadana con el incumplimiento del plan de desarrollo aprobado -no con el programa de gobierno prometido en las elecciones y excluir como causal de revocatoria la insatisfacción general de la ciudadanía con la gestión de gobierno, como lo contempla la Ley estatutaria 1757 del 2015 y la Ley 134 de 1994.

3. Condicionar la veracidad de las exposiciones de motivos de las revocatorias y de las consultas populares a pruebas técnicas de evaluación o a conceptos de expertos, en términos del grado de cumplimiento del plan de desarrollo o del impacto ambiental, es decir, pone filtros ajenos a la libre expresión de la soberanía popular para aprobar las razones de tales mecanismos de participación ciudadana, cosas que ya han sido rechazadas, por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en sentencia del 31 de julio de 2017 con radicado 92861 afirma que no la normatividad vigente no señala formalidades especificas o cargas adicionales que deberían cumplir los promotores para manifestar su inconformidad con la gestión del mandatario en el caso de la revocatoria del mandato, ya que lo sé que está expresando en la soberanía popular y no debe tener cargas adicionales que van en contravía del mandato constitucional.

4. Redefinir el tiempo para comenzar una revocatoria no al primer año de gobierno sino al primer año de aprobación del plan de desarrollo.

5. Y otorgar facultades al Consejo Nacional Electoral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir sobre el cumplimiento de las reglas establecidas en lo concerniente a las revocatorias y consultas populares con base en los anteriores requisitos.

El gobierno quiere aprovechar el debate sobre la ley de participación ciudadana para saldar a su favor los supuestos problemas que está acarreando la revocatoria de mandatos, afianzar su locomotora minera y de paso limitar y cercenar una forma de participación ciudadana que hoy puede dar resultados democráticos por primera vez, como en el caso de Bogotá y las consultas populares en curso en los territorios de resistencia frente a la explotación minero energética y la depredación ambiental.

Mientras el Estado no desmonta el ESMAD, no actúa contra los grupos paramilitares que asesinan a líderes, lideresas de las organizaciones, movimientos y proceso sociales, quiere con esta propuesta de ley de participación ciudadana profundizar su regresión en otros aspectos no menos preocupantes de esta propuesta del ley:

6. En el artículo primero 1ro. El proyecto aunque se plantea el desarrollo de los artículos 37, 38, 40 y 103 de la CPN desconoce su ligazón actual con lo mandatado en el punto 2 del acuerdo de la Habana y relaciona el objeto de la ley con un problema y una necesidad de capacitación de las organizaciones sociales, cuando en realidad lo que necesitamos es garantizar la movilización y la protesta social como un derecho legítimo constitucional.

7. El proyecto en su enciso 3.15. Movilización y Protesta Pacífica. Rodea en conceptos sin llegar a afirmar le reconocimiento pleno del derecho a la protesta social, la actual situación del país no necesita un estudio de los aportes de la protesta social sino su reconocimiento pleno y la garantía de sus desarrollo y respeto. Aunque el proyecto menciona varios artículos le da mayor preponderancia la 103 dejando de lado el 37 que se refiere al derecho a la legítima protesta.

8. El proyecto desconoce el enfoque diferencial, étnico, de género y diverso, desconoce el carácter pluridimensional de la acción social y política y toma distancia con respecto a lo afirmado en el preámbulo del acuerdo referido al punto 2.2. en cuanto a que “en la implementación de todo lo acordado en el punto 2 del presente Acuerdo se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer y en general para promover el cumplimiento de los anteriores propósitos”.

9. El proyecto en su artículo 2 confunde lo que es una organización social con una ONG, y sujeta el reconocimiento de las organizaciones sociales exclusivamente a la formalidad jurídica, desconociendo la esencia constituyente primaria, lo que le da sentido a la acción de hecho y a la experiencia concreta de incidencia social y ciudadana en los asuntos públicos.

10. El proyecto elimina la posibilidad de veedurías y control ciudadano a los diversos acuerdos y proceso de paz y dialogo entre el Gobierno y las diferentes insurgencias.

11. En sus artículos 14 y 15 el gobierno busca someter a las organizaciones, movimientos sociales a un régimen de registro y control que atenta contra la libertad y autonomía de las organizaciones y movimientos sociales que no quieran formalizarse jurídicamente, será un sistema que limitara el potencial transformador de la participación social y ciudadana, a oponiéndose al espíritu del acuerdo en materia de participación política y garantías.

12. En su artículo 22 la expresión “siempre y cuando sea pacífica” remite una caracterización prejuiciosa de la protesta. Venimos de una larga historia de provocaciones de la misma fuerza pública que resulta en tensión y confrontación con los protestantes. Se debe definir muy bien a que se refiere el gobierno con la exigencia de pacífica. Precisamente esta idea de lo pacifico contradice la esencia de la protesta que surge por una tensión. En realidad el literal “e” dela artículo 22 y el articulo 23 del proyecto, limitan y hacen imposible la realización plena de la protesta.

13. La ley excluye al movimiento y las organizaciones sindicales de la caracterización de organizaciones sociales, negando así por vía del desconocimiento y la violación de derechos humanos los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de dichas organizaciones, contradiciendo el art, 38 CPN y dejándolas por fuera de la posibilidad de garantías para la movilización y la protesta social.

Realmente creemos que no se trata de otorgar las garantías que reivindican las organizaciones y movimientos sociales para la participación ciudadana y para la movilización y la protesta social en desarrollo del punto 2.2.1 de los acuerdos de paz. Por el contrario, en vez de fortalecer la autonomía, capacidad y efectividad de la incidencia que reclaman tales organizaciones y movimientos para profundizar la democracia participativa, se busca limitarla.

Ni la CSIVI ni el Estado deben renunciar al texto del acuerdo final de paz ni a la propuesta de ley que fue construida por miles de organizaciones sociales, movimientos, ongs, organizaciones de víctimas, líderes y lideresas, entre otros, que participaron democráticamente en los foros locales, subregionales y nacional, cumpliendo el mandato “El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado solicitar al Consejo Nacional de Participación con el apoyo de Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP que organice el espacio de participación de carácter nacional de que trata el punto 2.2.1.” y que representa las visiones, los deseos y necesidades de una sociedad que reclama mayor y más cualificada participación democrática.

Hacemos un llamado a la opinión pública a movilizarse, a defender los acuerdos y a no permitir la renegociación, modificación y tergiversación de lo pactado.

Comité Ejecutivo Central

Partido Comunista Colombiano  PCC

Departamento Político

Área de Paz e Implementación

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Voces en directo desde el Festival del Semanario Voz realizado en Bogotá (Audio)

Por: Hernán Durango.

Bogotá.

Contacto informativo en directo desde el 32º. Festival del Semanario Voz, llevado a cabo con éxito en la capital colombiana el domingo 20 de agosto. En el audio opinan Carlos Antonio Lozada (Farc en tránsito a ser un partido político) invitado especial, Carlos Julio Díaz (dirigente de la Federación Agraria Fensuagro-CUT), Tulia Poveda (Federación de Cooperativas agropecuarias –Fenacoa-), Héctor Rivera (medios alternativos), Germán Tovar (sindicatos estatales), Otoniel Ramírez (sindicato Sutimac), William Agudelo (sindicato ADE), Dr. Román Vega (dirigente PCC-UP Bogotá)   y varios voceros de la campaña por la libertad de Simón Trinidad).

AQUÍ EL AUDIO: http://www.vallenatostore.com/wp-content/uploads/2017/08/FESTIVAL-VOZ..mp3

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Maduro denuncia red de corrupción en Faja Petrolífera del Orinoco: Luisa Ortega cobró millones de dólares.

• Las exfiscal general de la República Bolivariana de Venezuela,  Luisa Ortega Díaz, actualmente fugitiva de la justicia del vecino país y protegida por el gobierno del Presidente  colombiano Juan Manuel Santos,  cobró millones de dólares en varios  casos de corrupción descubiertos en algunas empresas vinculadas a la Faja Petrolífera del Orinoco, denunció el mandatario de los venezolanos.

Fuente: Resumen Latinoamericano/Iguana tv, 21 de agosto 2017.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio detalles de la red de corrupción descubierta por la Policía Nacional Anticorrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco, hecho que no contó con el apoyo de la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz, para la captura de los responsables.

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Durante una entrevista realizada por el periodista José Vicente Rangel, el jefe de Estado señaló que en la última reunión que sostuvo con la exfiscal en su despacho le informó sobre los casos de corrupción descubiertos en algunas empresas vinculadas a la Faja Petrolífera del Orinoco. “¿Qué hizo la Fiscalía?”, se preguntó el mandatario. “Ahora ya lo sabemos, le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares, con las cuales abrieron cuentas en el exterior. Ahí están las pruebas en original de los bancos en islas, paraísos fiscales del Caribe, donde el propio esposo de la exfiscal General, era el encargado de una red de extorsión”, afirmó Maduro.

Luisa Ortega, huye de la justicia venezolana.​

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Declaró que sintió “tremenda frustración” cuando tras descubierto el entramado de corruptela alrededor de algunos proyectos de la Faja, ordenó la captura de los involucrados y la sorpresa fue que huyeron del país.

“Y luego ahora descubrimos por qué se fueron del país, la Fiscalía, las personas encargadas de hacer la investigación, de hacer las respectivas órdenes de captura, pero eran también las que extorsionaban y protegían a estos sectores de la corrupción”, señaló el mandatario durante el programa José Vicente Hoy, donde además, sostuvo que en sus cuatro años y cuatro meses que tiene como Presidente no contó con el apoyo de la exfiscal general para combatir la corrupción.

(Audio) Escuche los discursos del acto central en el Festival del Semanario Voz en Bogotá

Por: Hernán Durango.

Bogotá.

A continuación les invito a escuchar fragmentos de las intervenciones de dirigentes políticos Gabriel Becerra (Unión Patriótica UP), Carlos Antonio Lozada (Farc en tránsito a convertirse en un partido político) y Jaime Caycedo (Partido Comunista Colombiano)  en el acto político central del 32º. Festival del Semanario Voz, llevado a cabo con éxito en la capital colombiana.

AQUÍ EL AUDIO: http://www.vallenatostore.com/wp-content/uploads/2017/08/DISCURSOS-FESTIVAL-VOZ..mp3

El festival del Semanario  Voz concentró a miles de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, artistas, intelectuales, académicos, ciudadanía en general con el objetivo de colectar fondos para el sostenimiento del principal periódico de la izquierda colombiana y ratificar el respaldo a la lucha por paz con justicia social y la unidad popular para alcanzar las transformaciones políticas, sociales y económicas que la patria requiere.

Festival del Periódico VOZ en Bogotá: Gran aporte en la construcción de la paz.

Bogotá.

Por: Hernán Durango Patrillau.

Todo está listo para la realización de la fiesta popular  este domingo 20 de agosto en las instalaciones del Club de Pensionados Ferroviarios, Cra62 N°18ª-02 – localidad Puente Aranda. Será una cita de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres , artistas , intelectuales, académicos, ciudadanía en general con el objetivo de colectar fondos para el sostenimiento del principal periódico de la izquierda colombiana, el Semanario VOZ –La Verdad del Pueblo-.

Faltan pocas horas para el inicio de la programación del  gran  Festival del Periódico VOZ en Bogotá donde desfilarán en la tarima multicolor grupos artísticos, musicales, en esta oportunidad la invitada especial será la Orquesta Internacional Los Alfa 8, la cual será la encargada de poner el toque salsero al encuentro.

Y no es para menos, esta fiesta es un nuevo aporte que hace la ciudadanía bogotana en particular con el conjunto de las delegaciones de otras regiones  colombianas al proceso de construcción de la paz con justicia social. Será el primer festival del Periódico VOZ después del fin de las confrontaciones armadas entre la insurgencia de la FARC y el Estado colombiano, tras lograrse la firma del Acuerdo de Paz y cuya implementación plena es la principal exigencia.

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El director del Semanario VOZ, Carlos Lozano Guillén junto al  equipo de periodistas y colaboradores, ha sido un caracterizado gestor de este proceso de la paz en Colombia. De manera humilde, silenciosa y decidida Lozano Guillén  adelantó gestiones para ayudar en el propósito de los acercamientos iniciales para allanar el camino de los acuerdos.  Las páginas del órgano informativo de los comunistas así lo reflejaron en cada momento en los varios años que llevaron las negociaciones de paz en la Habana, Cuba y en los intentos anteriores.

Cada participante en el Festival del Periódico VOZ aporta de sí todas las energías para el grito de la paz. En horas de la tarde del domingo 20 de agosto en el acto político central se podrán escuchar las intervenciones de varios de los actores del Proceso de Paz, otro esfuerzo por un país mejor, para lograr la unidad popular y la convergencia encargada de ganar en las elecciones venideras y en todas las batallas callejeras  los espacios políticos y sociales en pos de transformaciones que tanto anhela el pueblo colombiano.

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El domingo 20 de agosto el Festival del Periódico VOZ en Bogotá nos espera.

Por: Prensa pacocol.org

Se acerca el día y la hora para el gran  Festival anual del Periódico VOZ en Bogotá.

La ciudadanía de la capital colombiana y las delegaciones del centro de Colombia y demás regiones vienen a disfrutar el domingo 20 de agosto, en las instalaciones del Club de Pensionados Ferroviarios, Cra62 N°18ª-02 – localidad. El aporte para apoyar las finanzas del Semanario VOZ es de tan solo  $25.000 boleta (incluye almuerzo, carne o lechona). Disfrute la fiesta con grupos artísticos y musicales. La Orquesta Internacional Los Alfa 8 es la invitada especial en esta oportunidad. Servicio de parqueadero.

Alfa Ocho de Colombia.

A Continuación la variada programación que comienza a las nueve de la mañana:

09:00 – 23:00

El FESTIVOZ abre las puertas a los asistentes

11:00 – 12:00

Brigada Romana – rock.

Caseta de la solidaridad: Conversatorio sobre situación en Venezuela, Cuba y Bolivia.

11:00 - 15:00

Mundo de los niños

12:15 - 12:50

Apolocrisi-Urbano

13:00 – 14:30

Julián Conrado

14:45 - 16:20

ACTO POLÍTICO CENTRAL

16:30 - 18:00

Orquesta Internacional Los Alfa 8

18:00 - 18:50

Los Rebeldes del Sur

19:00

Show de luces

19:00 - 20:30

Orquesta Internacional Los Alfa 8

20:40 - 22:20

La Orquesta Son 28

23:00

CIERRE.

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Fensuagro CUT rechaza amenazas contra presidente del sindicato bananero Sintracol en Urabá.

Por: Hernán Durango.

Una vez conocidas el lunes 14 de agosto de 2017 las amenazas de muerte en Apartadó, departamento de Antioquia, contra el dirigente sindical, Richard Monterrosa, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia -Sintracol- filial de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria  Fensuagro –CUT-, se pronunció Eberto Díaz, máximo representante de esta colectividad para dar el respaldo, apoyo y solidaridad y para reclamar ante el Gobierno Nacional medidas efectivas para garantizar y proteger la vida y el ejercicio sindical en las fincas bananeras de la región de Urabá.

“Ante estas amenazas de los grupos de extrema derecha paramilitares hemos hablado con el compañero Richard Monterrosa, presidente de Sintracol en Urabá, un importante sindicato que viene creciendo en la región afiliado a nuestra federación Fensuagro y le expresamos y ratificamos nuestro acompañamiento siempre para fortalecer Sintracol y seguir luchando por el mejor vivir de los obreros de la agroindustria bananera”, señala Eberto Diaz.

Eberto Díaz, advirtió que la CUT y distintas federaciones y asociaciones de trabajadores, así como organizaciones sociales y políticas le “solicitamos reiteradamente al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que cumpla con su palabra en el Acuerdo de Paz en el sentido de desarticular los grupos paramilitares que pululan en distintas regiones colombianas”.

La junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Colombia SINTRACOL denunció mediante comunicado ante la opinión pública nacional e internacional que el lunes 14 de agosto “hicieron presencia en la Finca M1 perteneciente a la Compañía Banacol, y la cual se encuentra localizada en el corregimiento Currulao (Turbo) en la región de Urabá, llegaron hasta la misma cinco( 5 ) paramilitares y procedieron a sacar a los  trabajadores afiliados a Sintracol, intimidándolos y preguntándoles al mismo tiempo que hacían afiliados a ese sindicato y que si ese sindicato era patrocinado por la Guerrilla, y solicitaron que para el próximo  jueves llevaran a este finca al señor Richard Monterrosa, presidente de Sintracol que allí lo Iván a estar esperando, lo que se considera una clara advertencia y amenaza contra libertad sindical y de falta de garantía para adelantar el trabajo en la región del Urabá, donde el paramilitarismo se ha venido reorganizando muy rápidamente”.

Agregan en el documento que “es de anotar que esta que esta intimidación y amenaza se da en momentos que los  trabajadores están cerrando un nuevo ciclo de negociaciones, donde la Patronal y el sindicalismo patronalista, han acordado condiciones salariales y laborales que perjudicarán gravemente los intereses de los trabajadores en esta región”. Igualmente, la Junta Directiva solicita el apoyo y solidaridad para con Sintracol  y exige del gobierno plenas garantías para el desarrollo de su trabajo.

La junta directiva sindical presentó el martes 15 de agosto las respectivas denuncias por estas graves amenazas contra el presidente Richard Monterrosa ante organismos como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía Regional y Policía  Nacional. También la harán llegar ante autoridades nacionales como Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo y Presidencia de la República, con copia a organismos defensores de los Derechos Humanos y la ONU. 

Peajes en Urabá son un atraco al bolsillo de los habitantes.

Por: Hernán Durango.

Apartadó. Antioquia.

Habitantes de los municipios de la región de Urabá, eje agroindustrial del departamento de Antioquia, aplazan por quinde días la hora cero del paro. Las comunidades preparan la realización de una jornada de protesta por la instalación de peajes para financiar la construcción de la denominada “Transversal de Las Américas”.

En una nueva reunión extraordinaria del Comité de No a los Peajes integrado por  los sectores sociales, políticos, institucionales, empresariales realizada en horas de la tarde del lunes 14 de agosto en el auditorio del sindicato Sintrainagro en la ciudad de Apartadó para debatir como tema central la imposición inconsulta y arbitraria por parte de la ANI del cobro de peajes en la carretera principal que comunica a los municipios de Urabá con la capital antioqueña, Medellín, acordaron que esperarán dos semanas para dialogar con las directivas de la ANI y el Ministerio de Transporte para que reubiquen dichos peajes.

Varios representantes  de los trabajadores en la reunión no vacilaron en calificar este cobro como un vil y vulgar robo: “los peajes son un atraco al bolsillo de los habitantes” indica un vocero sindical. Y no es para menos, en la región existe total inconformidad  por el impacto negativo que estos peajes traerán a la economía y el bolsillo de los urabaenses a partir del 15 de agosto.

En la reunión ampliada hubo fuertes pronunciamientos contra la medida y se expresó la preocupación de la ciudadanía por esta “regalito” de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a los usuarios de la vía y la posible vinculación de la entrega de estas concesiones en medio de la galopante corrupción  reinante en el país, de la cual se lucran unos pocos a costas de todos los ciudadanos.

En la reunión denunciaron que para el debate sobre la implementación de estos peajes ni siquiera tuvieron en cuenta a la gente representativa de la región, los de la ANI solo se reunieron con algunos pero no con las mayorías.

 “La protesta ciudadana es un derecho de todos los colombianos y vamos estas con ustedes acompañando solidariamente”, expresa el diputado Manuel Márquez, integrante de una comisión de asambleístas  que advierten que en Urabá se va a generar un conflicto laboral y social con cese de actividades en la producción y exportación bananera por los que informaron que han enviado mensajes al Ministerio del Transporte, Ministerio del Trabajo,  con la solicitud de una reunión de alto nivel con el Gobierno Nacional para revisar la instalación de esos peajes y estudiar la posible reubicación  con tarifas justas. 

Foto: Reunión en Apartadó. ​