Por: Tony López
R.
La Habana, Cuba
Tony López R.
Gran
repercusión le ha dedicado los medios nacionales e internacionales, a la
decisión de un importante sector de las FARC-EP, de retomar las armas,
encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, acusando al gobierno colombiano
del oficialista partido Centro Democrático, presidido por Iván Duque y el
senador Álvaro Uribe Vélez, de traicionar los Acuerdos de Paz.
Analistas y
comunicadores sociales, nacionales y extranjeros, han ofrecido sus valoraciones
y comentarios una buena parte cuestionando la decisión de Márquez-Santrich, sin
una análisis serio, profundo y sesgados, algunos con irrespeto y otros
repitiendo el slogan uribista de que son “narcotraficantes”, son los mismos
comunicadores sociales que no piden justicia para las víctima de los “falsos
positivos” y mucho menos, que la Corte
Suprema juzgue a los vinculados a los 12
Apóstoles y a los que desde cargos gubernamentales trabajaban para el Cartel de Medellín, por tanto apoyan la
guerra y no contribuyen a lograr una
solución política negociada con todos, por el bien de todos y sin exclusiones.
El objetivo, de
acuerdo a lo que señala el Comunicado, leído por Iván Márquez, es retomar
unitariamente con el ELN, y otras fuerzas políticas, progresistas y
democráticas la oposición al gobierno de Duque-Uribe y se plantean una
modificación de la estrategia y táctica guerrillera, en la cual solo se
combatirá en caso de ataques de las Fuerzas Militares, o sea una estrategia
defensiva y no ofensiva y solo unidos y
con un gobierno digno y honorable iniciar un proceso de negociación del
conflicto social y armado.
El concepto de
que no son los militares los enemigos de la guerrilla no es una tesis de Iván
Márquez, es del legendario jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, quien en
conversación con el autor de este artículo, el 9 de enero del año 1999 en Villa Nora, San Vicente del
Caguán, cuando se iniciaron los diálogos de paz
con el gobierno de Pastrana, me dijo: “nuestros enemigos no son los
militares ni la policía, nuestros enemigos son los paramilitares, que es el
ejército fascista que financian los narcos y la oligarquía financiera y
agroindustrial colombiana”.
“Los soldados y
policías son hijos de campesinos y obreros, que los altos mandos envían a
combatir y esos ponen los muertos y heridos, los generales no vienen a
combatir, su teatro de operaciones es desde helicópteros, bien lejos de los
combates, al igual que los hijos de los ricos y oligarcas, esos no están en las
filas del ejército”.
Esos infelices soldados son víctimas, sin
saber que están al servicio de una oligarquía, que tiene empobrecida a sus
familias y pueblo, causantes de esta guerra”. Esa opinión sobre las Fuerzas
Militares, sus oficiales, clases y soldados, se refleja en las dos o tres
cartas que el jefe guerrillero dirigió a ellos e hizo pública, cuando el
proceso del Caguán e incluso en procesos anteriores.
La unidad de
todas las fuerzas colombianas, armadas y desarmadas, revolucionarias,
democráticas y progresistas, es el llamamiento que hace el Comunicado de las
FARC-EP y demostrar que el actual gobierno y la oligarquía agrupadas en los
partidos políticos, liberales, conservadores y el ultraderechista Centro
Democrático, que han gobernado Colombia por más de 200 años los han
traicionado.
Mientras que
los integrantes del partido de la Rosa, Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común, llama a la unidad con el gobierno de Uribe-Duque, para lograr la paz y
se comprometen a no volver a la guerra y tienen fe en que podrán imponer la
paz.
Lo que aún está
por ver, cual es la paz a la que quieren acceder los dirigentes del partido de
la Rosa, porque en Colombia el escenario sigue siendo de guerra, por un lado,
la insurgente guerrilla del ELN, no ha logrado que el Gobierno inicie los
diálogos con ellos y se mantienen en el campo de batalla, algunos frentes del
EPL continúan activos y ahora las FARC-EP retoman las armas con la decisión de
lograr la verdadera paz con justicia social.
Lo objetivo y
concreto, es que el Gobierno ha incumplido
los Acuerdos de Paz, y hecho trizas lo que por cerca de cuatro años se trabajó
en La Habana, veamos una síntesis de lo ocurrido.
Fue Uribe Vélez
y su partido Centro Democrático, el que presionó al gobierno de Santos y este
aceptó realizar un plebiscito, que fue
manipulado y contaminado con mentiras y falsedades propagadas por Uribe
Vélez, acompañados por la derecha conservadora y liberal y a través de los medios hegemónicos
colombianos y extranjeros, que incluía el eslogan de que si apoyaban el SI
convertirían a Colombia en una dictadura CASTRO-CHAVISTA, eso llevó
a los electores a votar a favor de la guerra, por primera vez en la historia universal de
las naciones, los ciudadanos de un país
votan en contra de la paz, una irracional decisión, a la que hoy una gran
mayoría se arrepiente.
Con el triunfo
del NO y a pesar de que el plebiscito no era vinculante, el senador Uribe
Vélez, desde el Congreso y con el apoyo de las bancadas mayoritariamente
enemiga de los diálogos de paz, obligaron a revisar los acuerdos que, en La
Habana habían concretado las partes, e hicieron modificaciones que cercenó el
espíritu y la letra de lo que ya estaba acordado, incluido lo de la Justicia
Transicional de Paz, (JEP), en definitiva, Uribe y comparsa buscaron y lograron
beneficiar a terceros (civiles) o sea, actores intelectuales y financieros del
narco-paramilitarismo y a los altos mandos militares.
Ahora veamos
que razonable ha sido o no la denuncia del incumplimiento en la implementación
de los Acuerdos de La Habana, por parte del Gobierno de Duque y porque la
ruptura de Márquez, Santrich y un importante número comandantes de las FARC-EP
miembros del Estados Mayor Central.
Primer
incumplimiento, que viene del Gobierno de Santos, en el punto número 1, Tierra,
no haber titularizado la tierra a nombre de los campesinos que desde hace años
la ocupan, pero que no están legalizadas; Incumplimiento en la implementación
de la Reforma Rural. Las 16 curules que debían ocupar las víctimas no han sido
ocupadas ni otorgadas otro gran incumplimiento; El punto 4 de la agenda
relacionado al combate a los cultivos ilícitos, totalmente incumplidos y lo más
grave el gobierno quiere volver a la fumigación con glifosato, lo cual no solo
ataca al medio ambiente y acaba con fauna y flora, también promueve graves
enfermedades a los pobladores.
El combate y
liquidación del paramilitarismo no se ha concretado y lejos de ello, se han
fortalecido ocupando territorios abandonados por los antiguos frente de la FARC
y responsables de la ola de asesinatos de líderes sociales y de reinsertados,
como ocurrió este pasado 6 de septiembre en Cúcuta, dos muertos desmovilizados
de las FARC. La amnistía o indultos de
todos los guerrilleros o colaboradores de las FARC en prisión no se ha cumplido
con los dispuesto y aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, aún se
mantienen en prisión un poco más de 400 presos, otro significativo
incumplimiento.
Las garantías
de seguridad política y ciudadana no se han cumplido y el gobierno ha sido
cuando menos ineficiente y la fuerza pública cómplice, del sistemático
asesinato de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados, que suman un
poco más de 700 y que diariamente conocemos la noticia de uno o dos o tres
asesinatos político diarios, como la de la pasada semana de aspirante a la
Alcaldía de Suarez en el Cauca.
Montajes de
operaciones, en coordinación con agencias extranjeras para acusar de un delito,
no cometido por el comandante guerrillero Jesús Santrich y que provocó la
renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, que se involucró en un operativo
de la DEA, y cometió prevaricato, al decir que desconocía de esa operación,
cuando realmente si era de su conocimiento y por la cual Santrich cumplió trece
meses en prisión, siendo inocente.
Es la razón por
la cual la Jurisdicción Especial de Paz, tuvo que admitir que no había pruebas
y ordenó su libertad, pese a todo, se montó un operativo para extraditarlo,
solo el alzamiento del pueblo detuvo la ejecución, mientras el Consejo de
Estado aprobó que Santrich, asumiera la curul que le pertenecía como
Representante a la Cámara. Sería un manejo poco claro de la justicia
colombiana, la que llevó a Santrich a
tomar la decisión de desaparecer, cuando conoció que la
Corte Suprema de Justicia (CSJ),
en su calidad de aforado debía juzgarlo, un dale para atrás y para
delante, que nadie entiende, porque si la JEP no encuentra pruebas, porque el
Supremo tiene que juzgarlo, eso no tiene mucho asidero, él estaba convencido
que la CSJ lo condenaría y tal vez estaría
hoy caminando hacia una cárcel en EE.UU. o ya en prisión, ya tenían
experiencia.
Nada diferente
a lo sucedido con el secuestrado Ricardo Palmera (Comandante Simón Trinidad) el
cual cumple 60 años de cárcel, sin haber cometido el delito de narcotráfico del
que se le imputa, la DEA nunca lo pudo probar. Fue secuestrado en Ecuador y
entregado ilegalmente a Colombia, violando todas las leyes internacionales y
extraditado de inmediato por el presidente Uribe Vélez a Estados Unidos.
Pero 60 años de
cárcel no solo es injusta y exagerada, fue un acto de venganza por los tres
agentes de la CIA que las FARC-EP capturó y fueron liberados en una dudosa
operación conocida como la operación Jaque, dirigida por el la CIA y el MOSSAD.
Al comandante
Iván Márquez le estaban preparando una trampa parecida, incluso quisieron
asesinarlo cuando estaba en la ETRC en Miravalle, a la zona llegaron tropas
especiales para capturarlo a él y a Oscar “el Paisa”, esa es la razón por la
que Márquez, advertido por sus informantes, abandona la ETRC y se interna
nuevamente en la selva colombiana. Esa es otra de las contravenciones graves
que comete el Gobierno porque las ETRC no pueden ser allanadas.
Como podrá
apreciar el amigo lector, los incumplimientos señalados son alguno de los más
relevantes, quedan otros muchos, se calcula que solo un 15 a 20 por ciento de
los Acuerdos han sido cumplidos, la mayoría de ellos son los acuerdos cumplidos por los insurgentes, del ahora
Partido de la Rosa. La entrega de las armas y la concentración de sus fuerzas
en zonas veredales, hoy llamadas ETRC, muchas de ellas sin condiciones
higiénicas, con carencias de alimentos y agua potable para vivir, pero la guerrilla cumplió con la
parte que le correspondía.
La
representación de la ONU en Colombia hizo pública su satisfacción por la
seriedad en el cumplimiento de la palabra empeñada por la insurgencia en la
entrega de armas y concentración, sin embargo, este organismo internacional no
ha sido exigente con el Gobierno de pedir el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz y en la firme denuncia y condena a la violación a los derechos humanos, por
la ola de crímenes sistemáticos contra líderes sociales y ex combatientes
desmovilizados.
La entrega de
armas fue un tema polémico a lo interno
de las FARC y provocó determinada
suspicacia dentro de alguno de los negociadores, entre ellos Santrich, Márquez
y otros, pues tenían clara las posiciones de su histórico Jefe Manuel
Marulanda, quien sustentaba la tesis que “ninguna guerrilla al concluir un
proceso de paz, puede desarmarse, que la entrega de las armas, debía ser un
proceso gradual y que llevaba tiempo, al igual que la desmovilización de la
guerrillerada, la cual decía, hay que
reincorporarlas a una
sociedad, para la que no están
preparada”.
Hablaba Marulanda,
“de entregar las armas de a poco, unas 200 a 500 armas y esa misma cifra de
guerrillero desmovilizarla y reinsertarla en la vida civil. Solo el cumplimiento de los Acuerdos por
parte del gobierno iría regulando, la entrega de armas y los desmovilizado.
Entregar las armas y concentrar las tropas desarmadas, no es negociable, porque
eso es rendición”, sentenciaba el jefe guerrillero.
Es aquí donde
está las diferencias de lo sucedido y lo que se esperaba de muchos de los que
un día y bajo la dirección de Manuel Marulanda, empuñaron por muchos años las
armas, lograron dominar y ejercer el poder en cerca de 300 a 350 municipios de
los 1100 que tiene Colombia, de la importante influencia política en el en
algunos sectores del país y los que llevaron justicia, salud y educación en
esos territorios abandonados por el Estado, Guaviare, Vaupés, el Meta, Huila,
Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, Choco, conocen de esa realidad.
Los que crearon
y militaron en el Partido Comunista Clandestino de Colombia, PCCC, luego de la
celebración de la 8va Conferencia del Estado Mayor Central en abril de 1993 y
vivieron epopeyicas jornadas de sacrificio, sangre y fuego por lograr justicia
social y equidad, respeto y una verdadera sociedad democrática, donde la
honestidad y trasparencia de sus gobernantes sea la más alta bandera en el
país.
En razón de lo
arriba señalado y bajo la dirección del
comandante Alfonso Cano, se creó y organizó el Movimiento Bolivariano por la
Nueva Colombia, movimiento que tuvo o tiene unos miles de militantes en
ciudades y montañas de Colombia, Cano fue el impulsor de este último proceso de
paz, cuando en el 2011 recibió emisarios del
presidente Juan Manuel Santos y
se comenzó a tener los primeros contactos, que tuvo el importante apoyo del
presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, es por esos días que tropas de
la Tercera Brigada, cercan la jefatura de Cano, se producen enfrentamientos y
Cano cae prisionero del Ejército, lo paradójico de este hecho, es que el
Presidente Santos, que le pidió comenzar el proceso de paz, fue el mismo que
ordenó su asesinato, confesado por él, en
un acto público, en presencia del
hermano del Comandante Cano.
Hasta aquí una
parte parcial de las razones que asisten a Iván Márquez, Jesús Santrich y una parte no tan mínima de comandantes y
guerrilleros de las FARC-EP, como
difunden y quieren hacer ver, los voceros del uribismo y del Partido de la
Rosa, lo que acontece con la retoma y
como bien afirmaron todos estos combatientes, e Iván Márquez, las FARC-EP no era una fuerza derrotada, era
una fuerza que estaba decidida a trabajar por la paz, la reconciliación y la no
repetición, pero el Gobierno oligárquico de Uribe y de los Estados Unidos no les interesa la paz en Colombia, pierden
demasiado dinero en sus negocios de drogas y armas.
Hacer triza los
Acuerdos de La Habana, ni por asomo es ni era un objetivo de la Revolución
Bolivariana, muy por el contrario, Venezuela junto a Chile eran acompañante de
esos acuerdos en La Habana y fueron impulsores en el 2011 de los inicios de ese
proceso de paz. Un plebiscito por el NO
a los Acuerdos de La Habana, anunciaba el ex presidente Uribe Vélez, cuando
hacían campaña para elegir presidente a Iván Duque, quien también declaró que
su gobierno no tenía ningún compromiso con unos Acuerdos que ellos no firmaron
y por tanto los harían trizas.
Ahora resulta
que la vuelta a las armas de este sector de las FARC-EP es el argumento más idóneo para desarrollar y justificar un conflicto militar contra
Venezuela, inventando las mentiras de que quien está detrás de esta vuelta a
las armas de Márquez y Santrich, es el presidente Nicolás Maduro, quien en
coordinación con el ELN y las FARC-EP le quieren hacer la guerra a Colombia,
nada más fantasioso que tal afirmación, incluso acuñado por grandes medios
estadounidenses y españoles y otros medios europeos, la opinión publica
nacional e internacional, deben denunciar y levantarse contra la política injerencista
de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela, pues el plan intervencionista
está en marcha y no por gusto, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, siguiendo las
ordenes de su Presidente, están en alerta naranja y como centinelas de la
frontera sur.
Una
intervención militar en Venezuela, provocaría un gran incendio en toda la
región y sería el país agresor el mayor perjudicado, es un conflicto donde
internamente Uribe-Duque no tienen apoyo y unas Fuerzas Militares, que tienen
reservas de ser utilizadas por EE. UU en una eventual confrontación. Las
Fuerzas Militares estadounidenses sufrirían tantas bajas, que las sufridas en
Viet Nam se quedarían empequeñecidas, pues sería luchar contra un pueblo que
asumiría la lucha irregular y tiene la valentía y la enseñanza y el ejemplo de
Bolívar y Chávez.
Tony López R.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional.
La Habana 7 de
septiembre de 2019.
