Por: H. Durango.
Las universidades públicas colombianas
se movilizan por mayor presupuesto. Rechazan recortes a los recursos
financieros. Denuncian que por decisión del Gobierno Nacional en 2018 las universidades públicas dejarán de
percibir $591.000.000.000.
LEAMOS LA CONVOCATORIA A LA
JORNADA DEL 4 DE OCTUBRE:
¡Nos movilizamos este 4 de
octubre por la defensa de la educación!
Desfinanciación de la educación
pública, una tragedia desde los años 90.
"La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social, toda vez que
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el
respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia y en la práctica del
trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente"
- Artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia.
En desarrollo de este principio
Constitucional se expidió la ley 30 de 1992, por la cual se organiza el
servicio público de la educación superior en Colombia, con esta ley se creó el
sistema de universidades del Estado el cual está integrado por todas las
universidades estatales con el fin de optimizar los recursos humanos, físicos,
técnicos y financieros. Esta ley fijó el criterio de asignación de recursos
para la financiación de la educación superior, estableciendo que el
financiamiento debe ajustarse cada año con la inflación causada, que los
presupuestos siempre tendrán que reflejar un aumento en pesos constantes"
En los años 90 las universidades
fueron aumentando sus presupuestos, y aunque estos se actualizaban sólo a la
proyección del IPC (Índice de Precio al Consumidor) en un principio.
Mediante la figura de
presupuestos adicionales de las universidades de manera individual, se logró
aumento reales por encima del IPC. Así las universidades fueron aumentando sus
presupuestos en términos reales, aunque nunca de manera relevante.
Al llegar el año 2.000, el
Consejo de estado sentenció que todo lo que recibieran las universidades por
cualquier concepto de estado se volvía base presupuestal, de allí para adelante
se agudizó la tragedia.
En ese tiempo se disminuyó el
presupuesto y los gobiernos presionaban por la ampliación de coberturas,
construir infraestructuras, actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel de
educación de los docentes, hacer investigación, cerrar brechas sociales
llevando ofertas a las regiones más apartadas, incluso incursionar en la
formación técnica y tecnológica.
En el año 2009 se habla de
"Crisis estructural de las universidades públicas" y la necesidad de
un nuevo modelo de financiamiento que garantizara la sostenibilidad en términos
de calidad y equidad social.
Fuertes discusiones se dieron en
el año 2011 cuando el gobierno propuso un proyecto de reforma educativa a
través de la modificación de la ley 30 de 1992.
Buscaba incluir el ánimo de lucro en los procesos de financiación de la
Universidad y avanzar en la profundización del subsidio a la demanda a través
del crédito educativo para el financiamiento de la educación y establecer
criterios que podían lesionar la autonomía universitaria. Este proyecto de
modificación fue retirado después de grandes movilizaciones estudiantiles.
Pero a partir de ese momento el
gobierno hizo reformas educativas sin modificar la ley 30. Por eso lo hizo
mediante herramientas de políticas públicas en las que el gobierno tiene mucho
más control, como son los documentos CONPES, los decretos, legislación vía plan
nacional de desarrollo.
Para mitigar la crisis acumulada
se solicitó un 10% adicional sobre el IPC, aproximadamente $240.000.000.000,
pero sólo se lograron asegurar $100.000.000.000 dentro del presupuesto del
2013, un monto Insuficiente.
Luego de 3 años surge en el 2014
El Acuerdo Por Lo Superior 2034. El cual fija el camino de la política
educativa pública hasta el año 2034. Se plantean temas de financiación,
calidad, autonomía, y tema del nuevo sistema de educación, este nuevo sistema
se plantea como un sistema terciario.
Se plantea como una pirámide en
donde La educación Universitaria está en el primer lugar, luego la educación
Técnica Y Tecnológica, y al final Los Programas para la capacitación del
trabajo y desarrollo humano.
Este sistema de educación
terciaria no ofrece la posibilidad a todas las personas de entrar a esos
segmentos de educación sin estar obligado por la condición socio-económica.
Un estudiante universitario
cuesta aproximadamente $7.000.000, y un estudiante técnico cuesta
aproximadamente $1.000.000.
Desde este término de costos el
gobierno amplía el segmento de educación Técnica Y Tecnológica.
El presupuesto para la educación
pública está siendo recortado cada año, en 2016 se dejó de percibir
$373.291.000.000. En 2017 el recorte fue de $434.874.000.000 , y según el
presupuesto general para la nación, en el 2018 las universidades públicas
dejarán de percibir $591.000.000.000.
Este déficit de financiación se
puede ver en la contratación de las plantas insuficientes de personal
administrativo y trabajadores oficiales, en los limitados recursos educativos y
tecnológicos, en los exiguos rubros dedicados a la investigación,
infraestructuras, etc. El presupuesto disminuye pero las presiones para
aumentar la calidad siguen, incluso lograr la acreditación institucional, y en
algunos casos la acreditación de alta calidad de algunos programas. Pero estas
exigencias No son sostenibles si no se ofrecen las condiciones básicas para lo
que el mismo estado demanda; como lo es contar con el número suficiente de
profesores de planta, contar con condiciones para el desarrollo y formación en
investigación, mayor productividad académica, mejoramiento de la
infraestructura tecnológica y física, alto nivel de inglés o lengua extranjera,
entre otros.
Las universidades han tenido que
sobrellevar este déficit a través de diferentes estrategias, como:
- Implementación de operación
comercial.
- Apertura a la financiación
Autogestionada.
- Aumento de matrículas, etc. Lo
que se ha traducido en universidades que transitan por una armonización público
- privada, en vía de sostener un déficit cercano a los 15 billones de pesos.
Por ejemplo, la Universidad de
Córdoba recibía en el año 2012 un 23% de recursos Propios, y un 77% eran
recursos de la nación. En el 2017 los recursos propios aumentaron en un 28%, lo
que significa un recorte a los recursos de la nación, 72%. De esta manera se
está llevando a la Universidad pública a convertirse en privada.
Los créditos educativos para el
financiamiento de la educación - ICETEX- y programas como "Ser Pilo
Paga", para las universidades y "Tú Eliges", para técnico y
tecnológico se convirtieron en un punto crítico en la profundización de la
crisis de la educación superior pública, estos créditos y subsidio a la demanda
estimulan el sector privado. Ya que un 98% de los recursos de "Ser Pilo
Paga" son destinados a universidades privadas. Aproximadamente 85% de
"Pilos" se encuentran en universidades privadas, sin aporte alguno de
cofinanciación de las mismas, que contrariamente, incrementan el costo de sus
matrículas por encima del IPC. El presupuesto de "Ser Pilo Paga" en
2016 fue de $374.000.0000.0000, con este presupuesto se podrían financiar
50.000 estudiantes en universidades públicas.
El programa "Se Pilo
Paga" privatiza la educación, reproduciendo un esquema de costos
ineficientes que no favorece la distribución transparente y productiva de los
recursos públicos.
Las cuatro cohortes de Ser Pilo
Paga, proyectadas a 40 Mil estudiantes tienen un costo igual a las
transferencias que se le dan a la Universidad pública en un año. Recursos con
los que se podría garantizar la formación de medio millón de estudiante en
universidades públicas.
Las consecuencias de la
desfinanciación de las universidades públicas son notorias:
- Universidades hacinadas
- Reducción presupuestal para
programas estudiantiles
- Planta de docente congelada
- Democracia degradada, etc.
Las universidades públicas merecen
un trato justo, una buena atención por su aporte histórico y definitivo tanto
al desarrollo del país como a la formación integral de sus ciudadanos.
Por la defensa de la universidad
pública, nos movilizamos este 4 de octubre!
