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Los
habitantes denuncian que gobierno nacional mantiene oídos sordos a sus
peticiones.
Por: Hernán Durango
En los municipios y corregimientos de la región del Urabá antioqueño han ocurrido desde la noche del miércoles 3 de enero acciones y levantamientos
populares en protesta contra la medida impositiva del Gobierno Nacional de
poner a funcionar tres peajes en la carretera principal que une al eje bananero
con la Medellín, capital del departamento de Antioquia.
En Chigorodó los habitantes bloquearon el puente principal, quemaron
llantas y enfrentaron a la fuerza pública. En la refriega cayó asesinado el
joven Eliecer Salas "El Rollo", ayudante de buseta, cuyos familiares
exigen que se investigue el crimen ya que –los familiares- sostienen que fue
baleado y desde las autoridades se afirma que murió apuñaleado. Simultáneamente
se desarrollaron bloqueos en otros puntos de la región, pero el de mayor
impacto fue en Currulao (Turbo) donde igualmente los habitantes enfrentaron a
los agentes de la Policía Nacional (Esmad).
El crimen del joven trabajador de Chigorodó y la ausencia de canales de
dialogo por parte de las autoridades departamentales y nacional caldearon los
ánimos, desatándose desde tempranas horas del dia jueves 4 de enero puntos de
manifestaciones en toda la región, especialmente en Chigorodó, Apartado y Carepa donde bloquearon con llantas, piedras,
árboles y toda clase de elementos el paso de vehículos. En horas de la tarde diversas organizaciones sociales
circularon por las redes sociales una convocatoria abierta a los pobladores
para realizar manifestaciones públicas a partir de las 6 de la tarde con puntos
de concentración establecidos públicamente en cada municipio de la región del
Urabá antioqueño. Esta el grupo de
la convocatoria se denominó Grupo de
Resistencia Ciudadana, cuyas invitaciones contaron con la participación masiva
de miles de ciudadanos que gritaban la exigencia de la reubicación de los
peajes instalados por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.
Pasadas las 9 de la noche era imposible el tránsito vehicular por la
carretera central de la región. Las comunidades se habían volcado a bloquearla
en distintos puntos y se conocía ya que
para las próximas horas se unirían a las manifestaciones los campesinos e indígenas
de los municipios de Mutatá y Dabeiba en voz de apoyo y solidaridad con la
justa lucha contra la nueva carga tarifaria que significan las casetas de
peajes.
Bloqueos en toda Urabá.
Las autoridades de la región, el
Gobierno departamental y nacional, en reunión del Consejo de Seguridad, dan
paso a sus políticas de presión y chantaje contra los manifestantes. Es bueno
recordarles que el derecho a la libre protesta y manifestación es norma
constitucional y en especial el derecho a reclamar para que desde el alto gobierno
se escuchen las propuestas de la ciudadanía frente al nuevo atraco o despojo de
sus bolsillos representado en el cobro de las tarifas de esos peajes que el
gobierno se niega a reubicar.
Las autoridades de la región, el
Gobierno departamental y nacional son y serán las únicas responsables de todo
lo que ocurra en la región y las consecuencias que de este conflicto social se
produzcan. Aún es tiempo de retomar la mesa diálogo y concertación y para ello
se requiere la mediación de sectores de la sociedad urabaense como la iglesia católica
y organismos nacionales defensores de la paz y de los derechos humanos.
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