Colombia: Hablemos Claro.
Por: Tony López R.
Foto: Revista Semana
El pasado jueves 4 de enero se llevó a cabo en Cartagena de Indias,
Colombia, un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos Calderón y su equipo de Gobierno, con
la delegación del Consejo Político del
Partido Fuerzas Alternativa
Revolucionaria del Común, presidido por
Luciano Marin, c/p Iván Márquez, el objetivo analizar el
cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados el pasado 24
de noviembre del 2016.
Según declaraciones publica del
presidente Santos Calderón, los Acuerdos
han avanzado más de lo esperado, afirmación refutada por la delegación de las
FARC los que demostraron que solo un 18.3 por ciento de ellos han sido
cumplimentados y precisamente no los Acuerdos estratégicos y algunos
parcialmente como es el caso de los presos políticos.
Hablemos claro, el Gobierno colombiano ha venido manejando con cierta
displicencia los Acuerdos y no ha sido firme y contundente en defender lo
pactado, quedando estos a merced de los
enemigos de la paz en el Congreso y en la Corte Constitucional, cuya animadversión política se hacen cada vez
más ostensible, al igual que el
desempeño de la Fiscalía General de la República cuyas acciones en contra del
Acuerdo de Paz y de la Justicia Especial de Paz, (JEP).
Ha sido el Fiscal General Néstor
Humberto Martínez, quien influyo en el Congreso durante el debate sobre
Justicia Especial de Paz, y consiguió
una buen parte de las modificaciones de la JEP en beneficio de los sectores
vinculados al paramilitarismo, de los
grandes terratenientes financiadores de esas bandas criminales y de los
sectores militares implicados en crímenes de guerra, mientras que se exime a
una de las partes y se enjuiciará a los
miembros de la insurgencia.
Es en ese sentido que el nuevo Partido
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, ha planteado en Cartagena “que se puede aún salvar lo fundamental de la Ley
Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse
como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas
ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para
enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las
partes. El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de
todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad
puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una
obligación para todos ofrecerla de manera amplia y suficiente”.
No hay que olvidar que el pasado mes
de septiembre de visita de trabajo en Colombia la Fiscal de la Corte Penal
Internacional Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal
General de la República al declarar públicamente que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones
serias y contundentes contra los militares acusados de permitir
falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas
declaraciones a la prensa colombiana e internacional se produjeron a la salida de su reunión con
el Fiscal General de la República de
Colombia.
Según se conoce públicamente la Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de
la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada
en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas
constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de
la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de
acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran
necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.
En resumen la paz en Colombia está en una crítica situación y tanto la mayoría parlamentaria en el Congreso Nacional, la Corte Constitucional y
la Fiscalía General de la República, dos de los Poderes del Estado en Colombia,
más la laxitud y la burocracia en el Gobierno ha conspirado para que varios de
los Acuerdos Estratégicos no se hayan podido implementar y algunos se han
hundido en los debates parlamentarios, precisamente por los sectores que
siempre han sido enemigos de la paz y que se benefician con la guerra, a costa
de la sangre del pueblo.
Es así como la Reforma Política, la Reforma Rural Integral, el tema de la sustitución de cultivo ilícitos, las Circunscripciones
Territoriales Especiales de paz, la continuidad de centenares de presos
políticos pertenecientes a las FARC en las cárceles de Colombia, la falta de
financiamiento para proyectos productivos y
la lamentable y luctuosa criminalidad contra líderes comunales y ex
guerrilleros de las FARC, que ya llegan a la increíble cifra de más de 180 víctimas producidas por agentes
del Estado y paramilitares, según denuncian defensores de derechos humanos y agrupaciones
sociales, pueden hacer fracasar un proceso, solo por mezquinas ambiciones de
una oligarquía que habla de una democracia que no practica y lo que es peor,
que se convierte en aliadas de sectores delincuenciales y criminales de guerra.
Nada ha parado a estos sectores, ni el apoyo unánime del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, que el pasado 30 de noviembre hizo público un
comunicado que especifica que el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la construcción Estable y Duradera, es un documento oficial del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Dios salve a
Colombia.
(*) Periodista, politólogo y analista
internacional.
La Habana, 5 de enero de 2018. Especial para el diario Por Esto, Mérida,
México
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