miércoles, 24 de abril de 2019

Falta voluntad política para ofrecer garantías de no repetición.

El día 22 de abril, por medio de las redes sociales, se dio a conocer la lamentable noticia del reprochable homicidio de Dimar Torres ex combatiente de las FARC, quien se encontraba en proceso de reintegración.



Aunque los hechos son materia de investigación, se cuenta con varios testimonios y pruebas que han permitido establecer que en estos hechos estarían relacionados miembros del ejército nacional de Colombia, quienes pretendían al parecer desaparecer el cuerpo sin vida de Torres (1)

Situación que fue impedida por la comunidad del municipio de convención de la subregión de Catatumbo Norte de Santander.

Desde el año 2016, momento en que las personas que pertenecían a la extinta guerrilla se trasladaron a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación se encontraron y comenzaron a vivir el padecimiento de los incumplimientos por parte de Estado Colombiano, sin embargo, comenzaron por su cuenta a construir los espacios y dar solidez al proceso de construcción de una paz estable y duradera.

Las FARC entregaron las armas, han entregado bienes y un importante número de excombatientes le han cumplido al país, haciendo sus respectivas presentaciones al sistema y modelo de justicia transicional pactado en el marco de los acuerdo; a pesar de la dejación de armas y presentarse al sistema, gestos de paz que no han bastado para los guerreristas y los enemigos de la paz, eligiendo el camino doloroso de perpetuar el conflicto armado que el país ha vivido por décadas.

El homicidio de Dimar se suma a los más de 128 casos registrados y documentados donde se logra plasmar la sistematicidad de esta ola de violencia desatada por los intereses oscuros de quienes han vivido y se han lucrado de la guerra (2).
Lo sucedido con Dimar y el bebé Samuel no pueden bajo ninguna circunstancia quedar impunes, en este momento es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación establecer los móviles y los responsables de estos crímenes.

Es responsabilidad del Estado Colombiano cumplir con su mandato constitucional de asumir la postura de garante, no puede resguardarse en responsabilidades amorfas que son el todo y la nada, porque son esas responsabilidades y respuestas inocuas las que se han escuchado en los últimos años, teniendo como gran conclusión el notorio incremento de los crímenes perpetrados en contra de las personas que le han apostado a la construcción de paz.

Gráfica.- Dimar Torres, excombatiente asesinado. Cortesía
(*) Abogada y Defensora de Derechos Humanos de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
Notas:
(1) Asesinan en Norte de Santander a excombatiente de las Farc, Dimar Torres, el Espectador
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinan-en-norte-de-santander-excombatiente-de-las-farc-dimar-torres-articulo-851737
2) Desde la firma del acuerdo de paz, 128 excombatientes han sido asesinados.
https://www.rcnradio.com/colombia/desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz-128-excombatientes-han-sido-asesinados-gobierno

De igual manera, es necesario resaltar que la modalidad empleada en este caso, es fiel calco de graves crímenes realizados en el pasado y que aún se encuentran en total impunidad, repitiendo de esta manera no solamente los ciclos de violencia, también las formas y modalidades para encubrir estos desdeñables crímenes.

El homicidio de Dimar refleja la total apatía por parte de las autoridades competentes para atender el caso, es decir, fue a partir de las denuncias efectuadas por las redes sociales y los medios de comunicación que tímidamente algunos funcionarios hicieron sus pronunciamientos, pero en síntesis, las autoridades no acudieron al lugar de los hechos, en el momento que la comunidad denunció lo sucedido, se vislumbra que posiblemente, esta será una de las tantas formas de justificar los nulos avances que se tengan en la respectiva investigación.

Es precisamente esa la razón por la cual las organizaciones sociales siguen luchando contra la impunidad y exigiendo garantías de no repetición, este último derecho se debe cristalizar mediante la atención oportuna e inmediata de las denuncias que la sociedad realiza, es imperativo la voluntad política para lograr avances significativos en las investigaciones que permita juzgar y condenar a los responsables de los hechos.

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