Comunicado a la Opinión Pública.
El Sindicato Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) seccional Cúcuta, identificada con el registro sindical I-16 de agosto de 2015, expedido por el Ministerio del Trabajo, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hace un llamado a la comunidad en General, por la situación de nuestros compañeros vendedores informales del sindicado SINVANORS quienes, después de 30 días en diálogos con la alcaldía, 240 familias se encuentran en situación de desamparo económico y 5 personas completan 8 días en una huelga de hambre indefinida al frente de la alcaldía de San José de Cúcuta, a la espera de una mesa intersectorial que permita garantizar los derechos al mínimo vital y a un trabajo digno como mecanismo para armonizar los derechos en disputa.
Hacemos responsables de Todos los daños físicos y morales que sufren los trabajadores informales de SINVANORS que se encuentran en esta situación causa de la inoperatividad de la Alcaldía municipal de San José de Cúcuta y la Mecuc, quienes tachan a quienes trabajamos en la calle como criminales, objetos de vejámenes y malos tratos. También a los entes de control por su omisión al seguimiento de las malas actuaciones de la administración publica y la verificación en cuanto a la grave situación de estas familias.
Exhortamos a la alcaldía municipal de Cúcuta, a la policía metropolitana de Cúcuta a cumplir las sentencias judiciales, en especial la sentencia C-211 de 2017 que obliga a la entidad municipal a iniciar un programa con todos los trabajadores informales y le prohíbe a la policía adelantar cualquier acción contra los trabajadores que nos encontramos en el espacio publico, en especial imponer comparendos y multas (bajo el articulo 140 No. 4 de la ley 1801 de 2016) y mucho menos decomisar cualquier tipo de mercancía que sea de trabajadores informales.
Es por ello que solicitamos la creación de la mesa intersectorial del trabajador informal, espacio que permita el acercamiento entre informales y estado para llegar a un acuerdo con el fin de armonizar los derechos del espacio publico y el derecho al trabajo.
De la misma manera solicitamos el acompañamiento de los entes de control, la Defensoría del pueblo, para que garantice los derechos fundamentales de estas familias que se encuentran sin ningún tipo de sustento económico puesto que la alcaldía no quiere iniciar el plan o programa de reubicación y a la Procuraduría General de la Nación, que se inicie el seguimiento y la investigación para dar cumplimiento a todas las ordenes constitucionales, en especial la sentencia C-211 de 2017.
A las organizaciones Internacionales a que acompañen como veedores de las garantías fundamentales y humanas que están siendo vulneradas por el actuar de la alcaldía de Cúcuta, para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores informales de la ciudad, que es un 72% de la población económicamente activa.
¡Exigimos el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores informales de la ciudad Frontera!
Firmado:
Junta Directiva
Sindicato Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) seccional Cúcuta
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