Por: Hernán Durango.
Las comunidades campesinas de Losada y Guayabero, territorios ubicados en la parte rural de San Vicente del Caguán en departamento de Caquetá y La Macarena, departamento del Meta, protestaron el fin de semana anterior en San Vicente por los atropellos y exceso de fuerza de las autoridades contra decenas de familias que colonizaron desde hace más de treinta años una zona de selva ubicada en el Parque de Reserva Los Picachos.
El viernes, sábado, domingo y lunes se realizaron manifestaciones en el centro urbano de San Vicente para exigir al Ejercito Nacional, Policía Nacional (Esmad), la Fuerza Aérea Colombiana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y Fiscalía General de la Nación el cese de la represión contra los campesinos en la región de Puerto Lozada, en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), operativos en los cuales resultaron varios labriegos detenidos, reses decomisadas y varias personas judicializadas. Reclaman la libertad para los detenidos y entrega de los animales decomisados.
La denuncia de los campesinos, la movilización permanente y exigencia de una mesa de diálogos y concertación para que se respeten los derechos de las comunidades agrarias ha sido la bandera principal de la organización de la protestas.
Voceros agrarios repudiaron que desde el pasado 25 de octubre llegaron a la región centenares de funcionarios con procedimientos arbitrarios atropellando a las comunidades residentes en varias veredas.
En San Vicente del Caguán se realizaron manifestaciones y audiencia pública en rechazo a estos procedimientos. Los encuentros contaron con la presencia de Sergio Marín y Carlos A. Losada, parlamentarios del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc, también participó el líder agrario Luis Eduardo Betancur y voceros de otros sectores políticos y organizaciones sociales. Allí se leyó un comunicado de las organizaciones agrarias. Micrófono en mano en la plaza pública de San Vicente el Representante a la Cámara Sergio Marín reclamo de los voceros de las autoridades del Estado más respeto hacia los hombres y mujeres que trabajan el agro.
“¿Qué es lo quieren incendiar al Caquetá señores? Dijo Marín y añadió que si desde el Gobierno Nacional se meten con las vacas, si se meten con las tierras, yo estoy absolutamente seguro que a esta región la van incendiar, y eso no es lo que nosotros queremos”.
Los voceros del partido político FARC consideran que ese operativo en la región fue hecho como parte de la implementación "violenta" de una 'burbuja ambiental' en la zona, que una estrategia del Ministerio de Ambiente contra los motores de la deforestación, que involucra acciones de control de la extracción ilícita de minerales, tala ilegal y cultivos ilícitos, entre otros.
El reporte del Diario El Tiempo indica que los representantes del partido Farc afirmaron que dicha incursión de los entes del Estado en los territorios no considera "los derechos constitucionales de las comunidades campesinas que llevan décadas de abandono del Estado y sufriendo las consecuencias del conflicto armado interno".
Por ello, denunciaron que la operación violó los derechos humanos y revictimizó a las comunidades que se asentaron allí "desde hace más de 40 años escapando de la violencia política, mucho antes que este territorio fuese declarado Parque Nacional Natural".
En un comunicado de Farc señalan que “las acciones arbitrarias de la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional se desarrollan cuando estamos construyendo una ruta para la restauración de los PNN en el marco de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Precisamente el día 24 de octubre del año en curso, en la ciudad de Villavicencio, avanzamos en esa dirección con la entidad PNN, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), los operadores de Asistencia Técnica del PNIS, UNODC y FARC logrando importantes avances”.
El conflicto se presenta en la amplia región de Losada- Guayabero en Caquetá y Meta donde hombres y mujeres a punta de sudor crearon sus pequeñas fincas, se asentaron sus familias con sus casas, establos y escuelas. “Los mismos campesinos construyeron las vías o caminos y hoy llegan a sacar a esas familias argumentando que por uso ilícito, eso es inaceptable, lo más duro es que no les dan alternativas, sino que los capturan, les decomisan el ganado y les bombardean las casas y los establos”, asegura un líder social del Caquetá.
Este martes los centenares de campesinos regresaron a sus territorios a seguir produciendo alimentos para la patria con la esperanza de que se resuelva favorablemente el conflicto originado por la arremetida oficial.
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