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La paz exige el cumplimiento del Gobierno y el
apoyo de los poderes del Estado.
Por: Carlos Lozano Guillén (Columna Publicada en el Diario El Tiempo)
29 de mayo 2017
Roger Noriega, ex secretario
de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush
y uno de los halcones del Pentágono en aquella época, acusado por la izquierda
y organismos de derechos humanos de promover intervenciones secretas y
desestabilizadoras contra Cuba, Venezuela y otros países, escribió en EL TIEMPO
hace unos días (jueves 18 de mayo de 2017, pág. 2), sin conocimiento de causa,
que “las Farc están violando los acuerdos de paz” y que es necesario mantener
“un escepticismo racional sobre las Farc y sus intenciones”.
Es el veneno que llevan al
exterior los parlamentarios y voceros del uribismo, además del jefe de la
‘gallada’, para desacreditar el exitoso proceso de paz que produjo el acuerdo
histórico del fin del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, en
implementación a pesar de las dificultades.
En medio del escepticismo,
Noriega reconoce que el acuerdo tiene “muchos objetivos positivos y necesarios
para Colombia”, que no le atribuyen los uribistas tan negativos, pero también
abunda en inexactitudes y mentiras para descalificarlo.
Se le reconoce que, a
diferencia de los extremistas criollos, no acude al lenguaje cantinflesco del
“castrochavismo”, de la “entrega del país al terrorismo”, ni está cargado de
epítetos e insultos a los insurgentes. Las “malas intenciones” de las Farc,
según él, se deben a su ideología marxista.
Como suele ocurrir, los
derechistas radicales les tienen miedo a las ideas; es una tendencia que sirve
de caldo de cultivo a la violencia y a las soluciones de fuerza.
El primer ejemplo que da del
incumplimiento de las Farc es en el cronograma de la entrega de los niños, todo
lo contrario de lo certificado por el CICR, que reconoció que son 84 los
menores entregados y que el plan se cumple con éxito.
El segundo, que sugiere de
manera velada, es que las Farc son responsables del aumento de la producción de
cultivos ilícitos, que debe impedirse a través de las fumigaciones aéreas.
Acusación gratuita, pues los guerrilleros ya están ubicados en zonas veredales
y otras transitorias que están bajo control de las Naciones Unidas y la
vigilancia de la Fuerza Pública.
La gran esperanza de Noriega
es que “las Farc paguen por sus violaciones” al parecer solo ellas, porque no
menciona para nada a los narcoparamilitares ni a los agentes del Estado
responsables de las mayores vulneraciones de los derechos humanos, como si no
estuviera establecido en el acuerdo la Justicia Especial de Paz para todos los
actores responsables de graves violaciones, aceptada con generosidad como
aplicación de justicia por la gran mayoría de las víctimas.
En realidad, el que no ha
cumplido a cabalidad es el Gobierno, que a estas alturas no ha entregado la
totalidad de las zonas veredales ni ha cumplido con la presentación del paquete
legislativo de las reformas. Poco interés les presta, y que debe cumplir porque
son garantes Cuba, Noriega y la comunidad internacional.
A estas alturas, los miembros
de las Farc-ep, en proceso de dejación de las armas y de convertirse en partido
político, no cuentan con seguridad jurídica, personal y socioeconómica. Y para
completar está el absurdo fallo de la Corte Constitucional sobre la vía rápida
(‘fast track’), que es un golpe a la paz, porque deja en entredicho los
acuerdos y pone en peligro todo el cuerpo del Acuerdo Final de La Habana.
La paz exige el cumplimiento
del Gobierno y el apoyo de los poderes del Estado. Al fin y al cabo, la paz es
un bien supremo protegido por la Constitución Política.
CARLOS A. LOZANO GUILLÉN
Director del semanario ‘Voz’
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