Foto: Barrio Bilbao, localidad de Suba, donde el Esmad desalojó a 1500 personas y arrasó 398 improvisadas viviendas.
Bianca Lizeth Vitela Carrascal
Colombia posee 110 millones de hectáreas de tierra, el 52 por ciento de las cuales está en manos del 1.5 por ciento de la población; en otras palabras, de 49 millones de colombianos, tan solo 736.000 son dueños de 57,2 millones de hectáreas de tierra. Grave situación de desigualdad e inequidad en la distribución. Además de los 13 millones de hogares que existen, hay 3 millones 300 mil viviendas en déficit, lo que nos indicaría según un análisis del BBVA Research con información del DANE y Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, que tienen casa pero viven en condiciones por debajo de los estándares, o no la tienen.
Desalojo de población vulnerable
Queda demostrada una vez más la lucha por obtener una vivienda con el desalojo ocurrido el lunes 24 de abril, del año en curso en el barrio Bilbao, localidad de Suba, conformada por familias recicladoras, desplazados, madres cabezas de hogar, mujeres gestantes, bebés, infantes, adultos y adultos mayores. En improvisadas casas fueron armando sus viviendas en “Esperanzas Villas del Río”, nombre en honor a una mejor vida.
El procedimiento fue ordenado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y ejecutado por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, unos 500 uniformados más y funcionarios de la Personería y de la Secretaría de Gobierno. Intervinieron 398 predios y desalojaron a 1.500 personas, quienes quedaron en la calle, violando así sus derechos humanos.
Mano dura para los más vulnerables
Voceros de la comunidad dicen haberse negado a desocupar el espacio por no contar con posibilidades de vivienda, aunque no pudieron resistirse al incendio propiciado por el Esmad para obligarlos a salir y poner fin a la situación. Reportan que algunas personas resultaron afectadas, debido a la inhalación de humo, siendo auxiliadas en el Hospital de Suba. En cuanto a los niños, refieren que se les dijo que el Bienestar Familiar se ocuparía de ellos, por lo que algunas madres asustadas decidieron retirarse con sus menores por temor a que se los quitaran en medio de la situación caótica donde el fuego acabó con lo poco que tenían.
Por otro lado, la Policía niega esos testimonios, sosteniendo que el incendio fue provocado por el mismo enfado de los habitantes expulsados, que todo se manejó desde el conducto legal y con absoluto respeto; resaltan que se hizo necesario evitar una posible catástrofe de las familias expuestas, ya que en dicho sector varios habitantes vivían del microtráfico, factor de inseguridad y que además se registraron tres homicidios recientemente , y lo más crítico, las improvisadas viviendas estaban ubicadas a orillas del Río Bogotá, lo cual implicaba alto riesgo de inundación, por lo que el propósito también era recuperar una zona de reserva ambiental.
Un modelo económico más incluyente
Parece que la respuesta oficial a un problema de propiedad y espacio público, se resuelve dejando al azar los derechos humanos de aquellas personas que suelen ser invisibles para el Estado. Cabe preguntarse si ser catalogado como pobre económicamente en Colombia supone merecer menos respeto a la dignidad humana. La respuesta de la Alcaldía de Enrique Peñalosa a tal calamidad, fue un kit de aseo más $150.000 por familia. Esa fue la “cuota motivadora” para la “nueva vida” que les espera a estas personas en las calles de Bogotá. Paradójicamente muchos no pudieron reclamar este auxilio porque el requisito era demostrar que habitaban en dicho barrio y al no poder hacerlo porque sus viviendas fueron arrasadas y quemadas, tuvieron que olvidarse de semejante ayuda, que en realidad fue una burla.
De acuerdo con los testimonios de los afectados, la Alcaldía no consultó con la respectiva comunidad, y en consideración con dicha población, el proceso de desalojo merecía un trato distinto, puesto que tal como se realizó, puso en mayor riesgo la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de estas familias.
Lo esencial aquí es no desconocer los derechos humanos, porque para que una medida de desalojo forzoso resulte legítima, es necesario que esta se aborde desde los principios constitucionales, pues no es posible lograr un buen fin, por medios diferentes a la misma benevolencia, y si bien, la acción de invadir en principio es ilícita, su medida correctiva no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar los derechos de las personas que ocuparon un territorio en discordia.
* Psicóloga, Columnista invitada.
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