Por: Hernán Durango.
La dirigente de la Unión Patriótica
UP agradeció la solidaridad y el acompañamiento nacional e internacional ante
las amenazas de grupos paramilitares mediante panfletos y resaltó que el movimiento político y las
organizaciones sociales van a continuar el respaldo al acuerdo de paz y su
implementación, la organización comunitaria de los pobladores y el fortalecimiento
de las Juntas Patriotas municipales y regional, de manera unitaria y amplia.
“Ya colocamos las denuncias ante
la Fiscalía Seccional, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de
Protección–UNP-, Policía y demás autoridades. Se hizo la denuncia para que las autoridades realicen una
investigación a fondo y esclarezcan este nuevo caso de amenazas y persecución
contra quienes defendemos la paz con justicia social. Queremos esperar
resultados de dicha investigación”, señaló Esneda López, dirigente de la UP. y defensora
de los derechos humanos y en las victimas en la región agroindustrial.
El panfleto amenazante fue metido
por una ranura existente en la ventana de la residencia de Esneda López en la
ciudad de Apartadó, Antioquia, a las 9:15 de la noche del martes 17 de enero. Es
una hoja firmada por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
en el que se amenaza con declararla a ella y a su familia como ‘objetivo
militar’ si continúa con sus actividades políticas. Allí se menciona también a las organizaciones Fenal
Paz y Asocomura, dirigidas por la abogada Alcira Blanquiceth Navarro y Nelson
Miguel Jiménez, respectivamente, defensores de derechos humanos y luchadores
populares de la ciudad de Chigorodó, quienes también temen en este momento por
sus vidas.
Frente a la delicada situación
los dirigentes políticos y sociales adoptaron medidas personales y orientaron
medidas colectivas para salvaguardar su integridad física.
“Urabá sigue en tensión. Son
muchas las amenazas, preocupa esta situación y reclamamos de las autoridades
que tomen medidas fuertes contras esos grupos que quieren desestabilizar el
proceso de búsqueda paz y tranquilidad
en el país”, indica Esneda López.
Por su parte, las direcciones nacionales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano PCC reclamaron al Ejecutivo Nacional la adopción de políticas tendientes a garantizar la vida y la seguridad de las personas frente al desafío de los ilegales. En igual sentido, mediante un comunicado emitido en
Bogota la Corporación REINICIAR denunció ante la comunidad nacional e
internacional las amenazas y agresiones que han sufrido algunos de los
integrantes de la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio Contra la
Unión Patriótica en el país y destacan el caso ocurrido en Apartadó.
“Esta información preocupa
especialmente teniendo en cuenta que el año pasado fueron asesinados cerca de
100 líderes sociales y defensores de derechos humanos en varias regiones del
país, como lo ha denunciado la coalición de organizaciones sociales y
campesinas Cumbre Agraria y otras organizaciones. Este año tampoco parecen
cesar los asesinatos y ya se han registrado seis casos”, señala el comunicado
de Reiniciar, organización que exige al Gobierno Nacional, tomar medidas
efectivas para garantizar la integridad física y proteger la vida e integridad
de las personas amenazadas.
“A la Fiscalía, investigar,
individualizar y sancionar a los responsables de las agresiones, amenazas y
hostigamientos contra las y los líderes sociales y defensores de derechos
humanos, en particular en la región de Urabá, en donde los paramilitares
ejercen un control social. A la comunidad Internacional, hacer seguimiento a
los hechos denunciados y reiterar el llamado al Gobierno Colombiano para que
garantice la vida, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”
señala el documento.
La Corporación REINICIAR
manifiesta su preocupación por los asesinatos, el hostigamiento y la
persecución de la que vienen siendo víctimas las y los líderes sociales y
defensores de derechos humanos en el país y se solidariza con sus familiares.
De igual manera, se pone a disposición para participar en las acciones que sean
necesarias para la defensa de la vida y de los derechos humanos.
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