Por: Tony López R. (*)
El proceso de paz en Colombia continúa complicándose como consecuencia de las acciones violentas de los paramilitares que han ido creciendo y expandiéndose hacia los territorios que antes ocupaban las fuerzas guerrilleras de las ya desmovilizadas FARC – EP y que entran en disputa con narcotráfico organizados en pequeños carteles, el más beligerante el llamado Cartel del Golfo, también con el llamado sector disidente de la guerrilla que no se acogieron a los Acuerdos firmados entre Gobierno y las FARC-EP.
Víctima de estas acciones contra la paz lo ha sido el miembro del ahora Partido Alternativo Revolucionario del Común (FARC) Jhon Jairo Ortiz asesinado en Ituango, departamento de Antioquia, el pasado 13 de diciembre, razón por la cual la Dirección de ese Partido ha solicitado al Gobierno se cumpla con los acuerdos firmados que entre otros puntos establecía las garantías y seguridad gubernamental para los miembros de esta organización ya acogida a la paz. Ortiz había sido beneficiado con la amnistía otorgada por el Gobierno.
Analizando los diversos factores que han conducido a la actual coyuntura política y a los incumplimientos del gobierno, podemos afirmar que obedecen a la inexistente política de Estado en la participación y ejecución de los Acuerdos de Paz y a la negativa gubernamental de no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, que blindara todo lo que se acordara, porque lo que apruebe el soberano y quede refrendado en la Carta Magna todos los poderes tienen que acatarlo.
En la actualidad los Acuerdos, están sujetos a lo que el Congreso y luego la Corte Constitucional apruebe. Un Congreso que cuenta con un número importante de parlamentarios que no aceptan la política de paz del presidente Juan Manuel Santos Calderón y una Corte Constitucional cuyas motivaciones políticas son las que influyen a la hora de aprobar o no lo refrendado por el Congreso no dan garantías a lo acordado. El último incumplimiento y más significativo es la negativa del Senado colombiano de no aprobar el Acuerdo que establecía la entrega de 16 curules a las víctimas del conflicto armado que será denunciado ante las Naciones Unidas, según trascendió por la reclamación presentada por el líder del Partido Alternativo Revolucionario del Común, Iván Márquez.
Las divisiones internas en el Poder Ejecutivo, eran y son obstáculos en el apoyo a al proceso de paz, era conocido que el hoy ex Vicepresidente Germán Vargas Llera, no respaldaba los Diálogos de La Habana, ello favorecía la desconfianza y la división de la sociedad, pues para muchos el Gobierno no gozaba ni de la autoridad ni del prestigio, no solo para llevar a feliz término los Diálogos y lograr Acuerdos con la guerrilla, sino para consolidarlo y alcanzar una paz justa y duradera, campaña mediática que alentaban y aún hoy continúan desarrollando y manipulando los enemigos de la paz liderados por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.
Un amplio sector de la sociedad colombiana desconfía, no sin razón, porque apreciaba como el paramilitarismo y carteles de la droga se iban posesionando de los territorios que la guerrilla abandonaba, un mal que el Gobierno, no solo no reconoce, sino que no los combate, responsables de graves crímenes y un país donde la corrupción cobra cada día más fuerza.
La corrupción es una plaga que sufre hoy nuestra región y Colombia no es la excepción, la periodista María Jimena Duzan en su columna del pasado 10 de diciembre en la Revista Semana, da conocer la siguiente información “Ya va siendo hora de que el fiscal Néstor Humberto Martínez le cuente al país cuál fue su relación con los señores de Odebrecht, en vez de judicializar a todos los que se atreven a correr ese velo. Por el bien de la Justicia, o mejor, de lo que queda de ella, luego de que el cartel de la toga la volvió pedazos, el fiscal Néstor Humberto Martínez debería decirle la verdad al país”.
Es una seria denuncia que involucra al Fiscal General de la República, y que no suceda nada, por eso es que mientras existan autoridades que representen al Gobierno y Estado en cualquier nivel, legisladores, jueces, fiscales y funcionarios de todas las jurisdicciones y niveles que admitan hechos de corrupción, no habrá nada que se parezca a la justicia, sino una caricatura de ella y solamente aplicándola a los de abajo y generalmente aquellos que cuestionan al sistema.
Un ejemplo del nivel de impunidad y la inacción de la Justicia la tenemos en el caso de los “falsos positivos”, la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional tiene presentada una denuncia contra 29 altos mandos militares, que ejercieron sus funciones en 5 Divisiones, se trata de la primera, segunda, cuarta, quinta y séptima divisiones de las que hacen parte 10 brigadas militares que estarían acusadas de perpetrar cerca de 1289 homicidios de personas civiles que luego fueron presentadas como muertas en combate y que fueron cometidos entre 2002 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional adicionalmente señala que “sigue vigente las preocupaciones sobre alcance de la Justicia Especial de Paz (JEP) y el juzgamiento efectivo de los responsables de graves crímenes.
Este tema se complica cuando en el mes de septiembre en declaraciones a los medios de prensa colombianos, la Fiscal de la CIP la señora Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República Néstor Humberto Martínez, al declarar que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud”.
Lamentablemente este escenario no favorece en nada el fortalecimiento de una política de paz y conciliación en Colombia, los líderes y jefes políticos están hoy ocupados y en carrera para que su candidato sea el que logre el sillón presidencial en el Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto del 2018. Amanecerá y veremos.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana 16 de diciembre 2017.
