Foto. Tony López
Por: Tony López R. (*)
De visita en Estados Unidos y en soberbias y desusadas declaraciones a la prensa, luego de sostener un encuentro con el Vice-presidente Mike Pence; la oposición venezolana y legisladores de origen cubano, Duque declaró que se retirara de UNASUR, porque este según él, fue creado para beneficio de Venezuela; no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro, legítimamente elegido por su pueblo, y por supuesto no lo invitará a su acto de investidura presidencial; tampoco invitará al Gobierno cubano.
Nada sorprendente porque, a pesar de ser los dos países que más aportes han hecho para lograr la paz en Colombia, y para el bienestar de su pueblo, para el Presidente y su patrón Álvaro Uribe, ambos países son considerados enemigos de Colombia, solo porque obviamente existen diferencias políticas, pero sobre todo, porque el nuevo gobierno colombiano, sigue a pie juntilla las ordenes de Washington.
Las declaraciones efectuadas por el elegido Presidente, demuestra su absoluto desconocimiento en política exterior, en primer lugar UNASUR no fue creado para favorecer a Venezuela. El 8 de diciembre de 2004, en la Reunión de Presidentes de América del Sur, que se realizó en Cuzco, Perú, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), que posteriormente daría paso a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Fue el 23 de mayo de 2008, cuando se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, en el cual se designó como sede permanente de la Secretaría General a Quito, capital del Ecuador, y del Parlamento a Cochabamba, Bolivia. Al parecer Duque no recordó que su patrón, Álvaro Uribe Vélez en su condición de Presidente firmó este tratado suramericano.
UNASUR nació para integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la Comunidad Andina, integración que Estados Unidos rechazaba, porque afectaba sus intereses económicos y geopolíticos y esa es la razón por la cual Colombia hoy es una de las naciones que se han brindado a eliminar a UNASUR, como buen santandereano se pone al servicio del imperio, como lo hizo Francisco de Paula Santander, cuando conspiró con el gobierno de Estados Unidos para hacer fracasar el Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar.
Que el señor Iván Duque haya efectuado tales declaraciones y en términos inamistoso haya comentado que desconocerá al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, es una clara señal del compromiso adquirido con Estados Unidos, en la ejecución intervencionista del llamado Plan Maestro contra Venezuela. Que explicación tiene que en la frontera de Santander del Norte (Cúcuta) se haya desplegado una brigada de carros blindados (Tanques de guerra) y 500 soldados argentinos en la misma zona, bajo el eufemístico carácter de que son Cascos Blancos. ¿Acaso están allí, bajo la bandera de la ONU? No, que se conozca.
Es evidente que de ahora y hasta la toma de posesión de Duque como presidente, pueden suceder acciones provocadoras dentro de territorio venezolano, a cargo de las bandas de narco-paramilitares colombianas y venezolanas y que durante mucho tiempo han sido entrenadas, organizadas, y han venido operando en la frontera y dentro de territorio venezolano, desde la época del gobierno de Uribe Vélez y del actual gobierno.
Mientras todo esto sucede, los Acuerdos de Paz, están en terapia intensiva, a pesar de las eufórica declaraciones del presidente Santos Calderón, la realidad contradice el discurso, de enero a junio del presente año 137 líderes comunales han asesinados el paramilitarismo, es una gravísima noticia.
Que la senadora uribista Paloma Valencia haya declarado autoritaria y de manera prepotente: ¡este es el gobierno de Duque!, cuando con el apoyo de conservadores, el oficialista partido de la U y la derecha liberal se propusieron cambios en la Justicia Especial de Paz. La solicitud va dirigida a desincentivar la revelación de la verdad en los casos en que ha habido víctimas de agentes del estado en el marco del conflicto. En fin más importante que reparar y resarcir a las víctimas es proteger a los victimarios.
La Silla Vacía, en un resumen del periodista Héctor Rivero, sobre el debate en el Congreso, señalaba: “la Constitución obliga a los agentes del estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto a acudir a la JEP propusieron e hicieron aprobar una fórmula insólita: suspender durante 18 meses ese acápite constitucional mientras lo reforman”. ¡Eso dice lo que aprobaron!
“Los propios militares le decían a la senadora Valencia que el sistema aprobado daba mayor seguridad jurídica a la Fuerza Pública que el que ellos proponían a lo que el senador José Obdulio Gaviria reaccionó, según lo relataron dos generales al periodista Néstor Morales, recordándoles que pronto habría un nuevo Presidente que ordenaría su retiro por oponerse a la propuesta del ex Presidente Álvaro Uribe, que pasaba callado mientras se desarrollaba el episodio”.
O sea los legisladores del Centro Democrático, no solo imponen sus posiciones a la JEP, lo cual de cumplirse, deja en la impunidad los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, sino que además amenazan a Generales, que por estar en desacuerdo con la propuesta del ex presidente Uribe Vélez, serán llevado a retiro, es una vieja práctica y tomen en cuenta que el senador que amenazó a los Generales, es el primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Y ese es, como afirmó la ultraderechista Paloma Valencia, ¡El gobierno de Duque!.
Por otra parte el nuevo mandatario al parecer no tiene mayor interés en dar continuidad a los diálogos con el ELN, sus ofensivas declaraciones contra este Movimiento Guerrillero así lo demuestran cuando señaló: “En Colombia deben parar las muertes violentas, las amenazas y el terrorismo. Rechazamos los actos intimidantes del ELN en la vía Buenaventura.”
Por las declaraciones públicas Iván Duque, pareciera que no tiene interés en darle continuidad a un proceso con el ELN, partiendo de la agenda negociada con el Presidente Santos, lo cual coloca al Presidente Duque y al ELN, muy lejos, para el ELN, la agenda concertada y el diseño de la mesa es “Un acuerdo de Estado” y su argumentación, la del ELN va en dirección de darle continuidad a un proceso de diálogos y negociaciones con esta mesa y esta agenda.
Y lleva razón el ELN, si no es un “acuerdo de Estado” no hay garantías de que se cumplan los acuerdos, como ha sucedido con los Acuerdos de Paz firmados por el Gobierno y las FARC-EP, que quedaron a merced del Congreso y la Corte Constitucional, ambos poderes se han dedicado a modificar, eliminar e incumplir lo firmado por el Gobierno y las FARC-EP.
(*) Periodista, politólogo, analista internacional.
La Habana, 18 de julio de 2018.
